DL 1097, o el patetismo de nuestros poderes de Estado

Pocas veces me dedico a tragarme decretos legislativos enteros. Es una mala costumbre que debo ir eliminando, sobre todo ante un gobierno que le encanta presentar en las páginas de El Peruano joyitas que deberían adquirir el revuelo mediático de Larissa Riquelme, el nuevo hijo de Bayly y los pezones al aire de El Gran Show: joyitas como el DL 1097 (que podría proceder a llamar el trinche del Diablo, o la metida de dedo)

Pero el desgaste ocular frente a la pantalla, ocasionado por la lectura de pdf tras pdf, trae sus frutos e ilumina el camino de la razón, lo cual me pone fácil el llegar, por deducción, a dos conclusiones posibles: o los que firmaron y avalaron “la metida de dedo” creen que las leyes nuevas aplastan a las viejas, o todos son tan pavos como nuestro ministro de Justicia, Víctor García Toma.

Pero es hora de ponerme en el papel de journalist-wannabe y sacar la objetividad e imparcialidad. Echémosle una miradita al artículo 6 de “la metida de dedo”, defendida a capa y espada como una medida destinada a solucionar las injusticias en los procesos eternos a militares:

De verificarse el vencimiento del término de instrucción, y de haberse excedido todos los plazos establecidos en el Artículo 202º del Código de Procedimiento Penales (Gus: citado al pie de página), el órgano jurisdiccional que tenga en su poder el expediente principal dicta la correspondiente resolución de sobreseimiento (Gus: ejem, suspensión de un proceso por falta de pruebas) parcial en favor de todos los encausados que hayan sufrido el exceso de plazo de la investigación. […] No sobresee delitos sino a procesados sometidos con exceso a investigación penal. […]

En el video de la vergüenza, entiéndase, la llamada de García Toma a Rosa María Palacios, se menciona una Exposición de Motivos del MINJUS, que justifica el DL con frases como:

El DL satisface la necesidad de determinar de acuerdo al derecho nacional e internacional, la aplicación en el tiempo de la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (que involucra): “los crímenes que consagra la convención cometidos con posteriorirdad a su entrada en vigor para el Perú”. Dicha Resolución Legislativa ha sido publicada […] el 12 de junio de 2003 […] La Convención entró en vigencia para nuestro país a partir del 9 de noviembre del 2003.

Me quito el chupón de la boca y debo entender, entonces, que todo delito contra los derechos humanos cometido antes del 2003 no vale, riéndome en la cara de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 14 de marzo del 2001 sentenció internacionalmente (según la acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición):

[…] son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos […] finalmente, la adopción de las leyes de autoamnistía incompatibles con la Convención incumplió la obligación de adecuar el derecho interno […]

Por supuesto, ¿cómo podríamos dudar de la eficacia de nuestro Poder Judicial?

¿Quieren evitar los eternos procesos judiciales? ¿Por qué no hacemos que nuestros propios poderes de Estado cumplan con su chamba en lugar de buscar la promoción de decretos legislativos (que más bien son “ejecutivos”) a tontas y a locas?

Santiago Martín Rivas viene siendo procesado por los crímenes de La Cantuta junto a Luis Pérez Documet, Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos, Juan Rivero Lazo, Carlos Pichilingüe Guevara y Jesús Sosa Saavedra.

Todos ellos no pudieron ser juzgados en el primer proceso de La Cantuta porque los amparaba una sentencia del fuero militar. Posteriormente, dicha sentencia fue declarada nula recién el 2007, para luego iniciarse el proceso que actualmente solicita el archivamiento. Actualmente el proceso está pendiente de informe del Juez de al haberse vencido el plazo ampliatorio que culminara el 26 de agosto pasado”, agregó (Gloria Cano, de Aprodeh). (vía La República)

Un poquito más radical es el comunicado del IPRODES al respecto:

Así pues, hasta el día 31 de agosto del 2010 el gobierno dificultaba la acción de la justicia contra los efectivos militares y policiales autores de graves violaciones a los derechos humanos. No proporcionaba la información solicitada por el Ministerio Público y el Poder Judicial, alojaba a los pocos militares presos en un penal de mujeres y –por boca de su ministro de Defensa y el primer vicepresidente- denunciaba una supuesta cacería a militares.

Y esto es solamente la punta del iceberg (o del dedo de su preferencia). IDL-reporteros ya nos van enseñando cómo es posible que aberraciones como el DL 1097 puedan llegar a existir y adquirir la firma de nuestros más representativos gobernantes. Pero, Oh, vendrá Rafael Rey a denunciar a los periodistas de investigación de ser injustos con él.

Felizmente, para las visitas del blog, y lamentablemente, para nosotros, los ciudadanos peruanos que deseamos que se respeten los derechos humanos, una entrada es insuficiente para entender a fondo esta madeja de basura.

Modo journalist-wannabe off.

Pie de página:

  • Art. 202 del Código de Procedimientos Penales: “El plazo de la Instrucción será de cuatro meses, salvo distinta disposición de la ley. Excepcionalmente, a pedido del Ministerio Público o si lo considera necesario el Juez, a efecto de actuarse pruebas sustanciales para el mejor esclarecimiento de los hechos, dicho plazo puede ser ampliado hasta en un máximo de sesenta días adicionales, poniéndose en conocimiento del Tribunal Correccional correspondiente, mediante resolución debidamente fundamentada.”
  • Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo con relación al DL 1097
  • Un intento de amnistía imparcial encubierta (por José Alejandro Godoy)
  • Martin Rivas solicita archivamiento del proceso por caso La Cantuta (La República)
  • La ley Colina (por Raúl Wiener)
  • DL 1097, Gobierno y derechos humanos (Editorial de El Comercio 09/09/10)
  • Déjà vu fujimorista (por Augusto Álvarez Rodrich)
  • Rey: No estamos buscando impunidad (Perú21)
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  1. […] on Septiembre 14, 2010 · Dejar un comentario  Más que una bomba, fue un bombazo. El Decreto Legislativo 1097 fue una raya más al tigre. Ese tigre/gobierno que no se cansa de mostrarnos la “importancia” […]

  2. […] relacionados ya tocados en Pizarra Blanca: DL 1097 y los asesinatos de […]



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